El reto de la aplicación de las normas sanitarias y fitosanitarias en la ruralidad. Por: Juan Gilberto Villegas

Según los avances de la ciencia, de la tecnología y el desarrollo de la industria agroalimentaria, las normas sanitarias y fitosanitarias resultan esenciales para garantizar y proteger la salud pública. No obstante, su aplicación en las zonas rurales es todavía un gran desafío por cuenta de las dificultades que enfrentan los pequeños y medianos productores de alimentos al momento de cumplir con estos requisitos.

De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, el Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias lo conforman las normas básicas para garantizar la inocuidad de los alimentos y la salud de los animales. En Colombia, el Acuerdo sobre la aplicación de dichas medidas entró en vigencia el 1 de enero de 1995 junto con el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio que trata sobre regulaciones en materia de inocuidad de los alimentos y control sanitario. Este acuerdo fue aprobado mediante la Ley 170 de 1994 y desde entonces el Estado colombiano se ha empleado a fondo en la expedición de leyes, decretos y resoluciones que buscan regular exhaustivamente esta materia.

Sin embargo, es evidente que la implementación de estas normas y estándares en los territorios enfrenta diversos y grandes desafíos. Una de las dificultades más recurrente es la falta de conocimiento y capacitación de los pequeños y medianos productores de alimentos sobre los requisitos y exigencias allí contenidos. Se podría pensar que en pleno auge de la era del conocimiento es insólito que se hable de desconocimiento de las leyes y regulaciones, pero en ejercicio de mi actividad como abogado en temas sanitarios y también en el desarrollo de la gestión inmobiliaria rural he evidenciado que no son pocos los productores de alimentos que realmente desconocen los requisitos que les son exigibles.

La carga económica es otro de los obstáculos que enfrentan los productores de alimentos en las zonas rurales. La obtención de insumos y equipos, la contratación de personal y la implementación de medidas para el control de plagas puede resultar costoso especialmente para los pequeños productores. La imposibilidad de asumir los costos adicionales  dificultan, y en muchas ocasiones impiden, el acceso a los mercados formales. Lo anterior aunado a la falta de infraestructura adecuada y a la prestación deficiente de servicios básicos como agua potable, electricidad y manejo adecuado de residuos, ha impedido la efectiva implementación y cumplimiento de las normas sanitarias y fitosanitarias en la producción de alimentos.

Así pues, sin desconocer los esfuerzos que han realizado las autoridades nacionales y locales con el fin de fortalecer la regulación y fiscalización de las practicas sanitarias en la producción de alimentos en las zonas rurales del país, es preciso reconocer que el panorama no es nada alentador pues aún falta mucho trabajo por hacer. Esta situación requiere especial atención por parte del Estado que a través de la autoridades sanitarias debe fortalecer la capacitación de los productores de alimentos, fomentar la infraestructura adecuada y garantizar el acceso a los servicios básicos.

Por último, aunque es necesario garantizar la inocuidad de los alimentos y el bienestar animal en las cadenas productivas mediante requisitos y estándares soportados en principios científicos, las autoridades deben considerar las dificultades a las que se enfrentan los pequeños productores, quienes suelen trabajar basados en practicas ancestrales y a menudo carentes de recursos. No podemos olvidar que imponer requisitos excesivamente rigurosos puede generar una carga desproporcionada al productor, que como en muchos otros casos, termina por abrir una puerta a la práctica de actividades clandestinas e ilegales que a la postre resultan mucho más riesgosas y costosas de controlar. Surge entonces la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de los intereses jurídicos tutelados por las normas sanitarias y el reconocimiento de las particularidades de los pequeños productores de alimentos en las zonas rurales que impulse la implementación de medidas sanitarias y fitosanitarias que se adapten a la realidad socioeconómica de los territorios y contribuyan a la sostenibilidad y crecimiento del sector agropecuario.